El Pulso de México

Editorial

Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) niegan que el proyecto de reformas constitucionales en materia de seguridad pública y justicia penal —que incluye el allanamiento domiciliario, los arraigos y la intervención de comunicaciones sin orden judicial-, represente una medida “draconiana” para
combatir la delincuencia organizada. Incluso, la consideran “rosa” frente a las legislaciones de otras naciones.

Desde que la iniciativa fue presentada por el presidente Felipe Calderón al Senado, el 9 de marzo de 2007, los servidores públicos han realizado diagnósticos en los que aseguran que los delincuentes de alto perfil no amenazan con “ramos de rosas” o “poemas”, sino que matan a jueces, a los agentes del Ministerio Público, escapan de prisiones de máxima seguridad y corrompen a los cuerpos policíacos.

En opinión de José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, esto “no se trata de una reforma draconiana, ya que basta observar la legislación comparada con otras para ver que se trata de una reforma que palidece ante leyes penales como la francesa, la alemana, la inglesa y la colombiana”.

Durante uno de los foros que abrió la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para analizar el tema, el funcionario federal sostuvo que lo ideal es que México no llegue a los extremos de lo que ocurre en Colombia, ni tampoco alcanzar los niveles de lo que sucede en materia de terrorismo en países del medio oriente o de otro tipo de organizaciones criminales, como las japonesas o chinas, para implantar legislaciones extremadamente drásticas. Incluso, agregó, aún
los franceses tienen una mafia mucho más dura y sofisticada que la que hay en México.

Sí bien es cierto que necesitamos la reforma judicial de manera urgente, también lo es, generar los cambios midiendo las consecuencias que se puedan suscitar.Los principales riesgos se concentran en las materias de delincuencia organizada,cateos sin orden judicial y la intervención de comunicaciones privadas.

En el dictamen de reforma se plantea que la delincuencia organizada sea materia exclusiva del ámbito federal, lo que implica la modificación del artículo 73, fracción XXI, de la Consitución y, por ende, redundaría en que este tipo de crímenes o criminales ya no van a estar sujetos a las administraciones de justicia de los estados ni del Distrito Federal.

Por lo tanto, las leyes en delincuencia organizada que hoy existen en algunas entidades federativas, o leyes adjetivas, tendrán que ser abrogadas.

Así, la iniciativa de reforma conlleva graves riesgos para las garantías individuales, particularmente en la propuesta de que, tratándose de delincuencia organizada, el Ministerio Público, sin que medie autorización judicial, podrá ordenar la realización de arraigos, cateos e intervenciones de comunicaciones
privadas.

El proyecto de reforma es peligroso porque nadie garantiza que vale la pena sacrificar las garantías para darle al Estado más herramientas,que no han sido utilizadas eficazmente desde hace más de diez años, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
que fue la punta de lanza inquisitorial en el desmantelamiento del sistema de garantías.

posted by El Pulso de México @ 12:45 p.m.